2. Qué bibliotecas públicas hay en el Estado español

2.1. Antes de entrar en los datos

Mientras en los últimos veinte años las BP crecían e iniciaban una transformación sin precedentes en el Estado español, la recogida y elaboración de datos estadísticos que reflejara esa evolución se ha empezado a normalizar tan solo hace unos años.[15] Para que los datos estadísticos ofrezcan fiabilidad deben recoger los de todas las bibliotecas existentes y, además, también se requiere que los bibliotecarios o personas que facilitan esos datos a los organismos oficiales hayan obtenido los de sus propias bibliotecas con el rigor necesario y con criterios homogéneos. Lo primero se ha ido normalizando a lo largo de los años noventa;[16] sobre lo segundo, queda aún camino por andar.

Las estadísticas publicadas hasta ahora con frecuencia incluían en el número de BP disponibles en el Estado español un grupo significativo de bibliotecas que, aunque de titularidad pública, es decir, creadas y mantenidas por un organismo de la Administración, no pueden considerarse propiamente como BP. Se trata de bibliotecas de organismos militares, de instituciones penitenciarias, hospitales u otros organismos que no están al servicio de todos los ciudadanos o no prestan los servicios imprescindibles que son consustanciales a una BP. Por el contrario, un pequeño grupo de BP se incluye a veces entre el tipo de “otras bibliotecas importantes no especializadas”,[17] fuera del grupo de BP “generales”.

Al analizar los datos estadísticos disponibles, una dificultad con la que tropieza el investigador reside tanto en la complejidad para identificar los que se refieren a las bibliotecas públicas como en las variaciones que presentan las cifras, si pretende contrastar las estadísticas elaboradas y publicadas por distintas fuentes y organismos.[18]

Las cifras que aquí se manejan reflejan también la tardía y lenta normalización de la estadística bibliotecaria en España, lo que obliga a relativizarlas en ocasiones. Tienen, sin embargo, el aval de la amplitud de los datos que se han analizado, que abarcan toda la década pasada, en series bianuales desde 1990 a 1998, y de la profundidad con que estos datos han sido analizados y contrastados, en lo posible, con otras fuentes. La realidad de las BP se presenta, pues, desde el presente más cercano, queriendo conocer su situación actual, pero con la perspectiva de su evolución en los últimos diez años, lo que sin duda enriquece los resultados y permite conocer las tendencias con que está evolucionando la realidad de las BP en el Estado.

2.2. El número de bibliotecas públicas

Dicho esto, los datos elaborados para este estudio a partir de las fuentes del INE permiten afirmar que había en el Estado español 3.763 BP en el año 1998. Desde 1990, el número de estas bibliotecas no ha dejado de incrementarse:

En conjunto, las BP han aumentado durante la década pasada en más de un 50 por ciento, si bien su distribución territorial dista mucho de ser homogénea, como muestra el siguiente gráfico:

El distinto porcentaje de incremento entre unas comunidades autónomas y otras precisa, no obstante, algunas matizaciones. En primer lugar, porque en él influye, evidentemente, la situación de partida que en 1990 tenían las distintas comunidades autónomas y sus propias características y evolución demográficas. Pero también incide un hecho que haría reducir el porcentaje de las comunidades con mayor crecimiento, ya que coinciden con aquéllas cuyas bibliotecas tardan en incorporarse en su totalidad hasta mediados de la década.

A pesar de estas consideraciones, la extensión de los servicios de BP, con la creación de nuevas bibliotecas y la remodelación de algunas de las existentes, se refleja también en un índice con frecuencia utilizado en las estadísticas internacionales, el número de bibliotecas existentes por cada 10.000 habitantes, referido en este caso para el conjunto de la población española:

Este proceso de incremento y modernización de las BP con que cuenta la sociedad es también evidente al observar el año de creación de las bibliotecas registradas en 1998. El fenómeno no se reduce a esta última década, sino que parece haberse iniciado con fuerza desde el restablecimiento de la democracia en el Estado español y más específicamente desde la instauración de los ayuntamientos democráticos en 1979. Poco más de una tercera parte de las BP existentes en 1998 habían sido creadas con anterioridad a 1979, mientras que son dos de cada tres las bibliotecas creadas con posterioridad a esa fecha:

Parece evidente, pues, la existencia de un esfuerzo de la sociedad por dotarse de un servicio cuya disponibilidad estaba reducida a un número limitado de poblaciones, esfuerzo que adquiriría todo su valor si se dispusiera de datos globales sobre las bibliotecas que han sido ampliadas o remodeladas y de las inversiones realizadas en este ámbito por las distintas administraciones. Porque el esfuerzo puede rastrearse, salvo excepciones, en todas las administraciones, si bien es preciso resaltar la iniciativa de muchos ayuntamientos, incluso los de población más reducida y, por tanto, con recursos económicos más exiguos.

No en vano, las BP son fundamentalmente bibliotecas municipales, es decir, son los ayuntamientos los organismos que ostentan su titularidad y asumen la responsabilidad de su mantenimiento y funcionamiento en sus respectivas localidades:

Junto a esta inmensa mayoría de bibliotecas públicas municipales existen también otras cuya titularidad corresponde al Estado o a determinadas comunidades autónomas. En el primer caso se trata de las 51 Bibliotecas Públicas del Estado (BPE) ubicadas fundamentalmente en las capitales de provincia[19] y cuyo origen se remonta en muchos casos a finales del siglo pasado. Han sido creadas por iniciativa del Estado, que ha financiado su construcción y parte de su equipamiento. La gestión de estas BPE fue transferida a lo largo de los años ochenta a las respectivas comunidades autónomas, que las gestionan y mantienen en la actualidad, si bien el Estado mantiene su titularidad. Tan sólo en un caso, la BPE de Vitoria, la gestión recayó finalmente en un organismo de la administración local, la Diputación Foral de Álava.

Aunque reducido, este grupo de bibliotecas de titularidad estatal tiene una importancia especial, por varias razones. Son, sin duda, el grupo de bibliotecas públicas mejor dotadas del país y en muchas ciudades y provincias su peso en la prestación de los servicios públicos de lectura e información ha sido y sigue siendo crucial. En algunas comunidades autónomas están configuradas como las bibliotecas cabeceras de los sistemas provinciales de BP e incluso, en algunos casos, las BPE de algunas ciudades comparten o se identifican con la biblioteca central de la comunidad autónoma correspondiente. Su tradición y el peso específico que han tenido y tienen en el servicio público de bibliotecas en el Estado español ha hecho que con frecuencia se las identifique como las BP por antonomasia y han configurado un modelo que no se ha integrado y sigue aún vías distintas al desarrollado desde los ayuntamientos.[20]

Las BP de titularidad autonómica se concentran en algunas comunidades concretas, en las que, como en Navarra, donde figuran 71 de las 171 BP regentadas por una comunidad autónoma en 1998, es el gobierno regional, y no los ayuntamientos, el titular de las BP y así está establecido en la normativa en vigor; o las dieciséis BP que la CA de Madrid mantiene en esta ciudad, paralelamente a la red de bibliotecas municipales. En todo caso, las BP de titularidad autonómica han disminuido ostensiblemente a lo largo de la pasada década, ya que eran 449 en el año 1990 y 294 aún en 1994. Esta disminución no se debe, al menos en ningún caso constatado, al cierre de estas bibliotecas, sino a que pasan a ser consideradas de titularidad municipal a partir de determinado momento.[21]

En definitiva, las BP son básicamente un servicio municipal y así lo establece la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 [22] para todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Esta normativa legal es cumplida por 1.071 municipios de los 1.146 que en 1998 sobrepasaban ese tramo de población, lo que supone el 93,5 por ciento de ellos. La normativa legal en materia de bibliotecas en algunas comunidades autónomas rebaja el tamaño de población a partir del cual los ayuntamientos deben prestar servicio de BP,  atendiendo a las peculiaridades de su poblamiento. Así, en el País Vasco, es a partir de los 3.000 habitantes; en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, a partir de los 2.000; y en Extremadura, a partir de los 1.000 habitantes.

Según estos criterios, el total de municipios que deberían tener, en cumplimiento de la normativa correspondiente, una BP habría que estimarlo en 1.547 municipios, de los que 1.380, es decir, el 89,2 por ciento disponían efectivamente en 1998 de ese servicio público. En estos municipios residían en 1998 casi 35 millones de personas (87,6 por ciento de la población total del Estado español), de los que un 97 por ciento disponía en su localidad de al menos una BP.

El cumplimiento es total o superior al 95 por ciento en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja, mientras que apenas pasa del 74 por ciento en Galicia y es inferior a la media en Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Navarra.  

Curiosamente, entre las ciudades cuyos ayuntamientos no disponen de ninguna biblioteca pública se encuentran varias capitales de provincia y, en algunas de ellas, la única biblioteca municipal que ofrecen a los ciudadanos es prácticamente testimonial.[23]

En el caso opuesto a estos últimos municipios, destaca en el conjunto del Estado el alto porcentaje de localidades con una población inferior a los 5.000 habitantes (o a su tope respectivo, según la comunidad autónoma a la que pertenezcan) que, sin estar sujetas a la obligación legal de ofrecer el servicio de BP, sin embargo lo realizan. Al menos uno de cada cuatro de los pequeños o muy pequeños municipios disponía en 1998 de una BP. De hecho, más de la mitad de las 3.763 BP registradas en ese año pertenecía a municipios con población inferior a los 5.000 habitantes:

La distribución de las bibliotecas según el tramo de población de sus municipios permite entrar en consideraciones más precisas en relación al número de BP con que cuenta la sociedad. El peso porcentual de estas BP en municipios con menos de 5.000 habitantes ha aumentado, además, a lo largo de la pasada década, ya que representaba del 50,3 por ciento en 1990 y llegaba al 53 por ciento en 1998.  También ha aumentado la representación de las bibliotecas en municipios medios, con población entre los 20.000 y 100.000 habitantes, mientras desciende el porcentaje de las bibliotecas de municipios superiores a los 100.000 habitantes. Aunque, evidentemente esta evolución de la distribución porcentual por tramos de población es en parte un reflejo de la evolución demográfica en nuestro país, es también un primer indicio de algo a lo que apuntarán también otros datos: el esfuerzo por la extensión de los servicios de BP durante los años noventa parece más evidente en los municipios medianos y más pequeños, mientras que se muestra más tímido e insuficiente en las grandes ciudades.

Esta proliferación de bibliotecas en pequeños municipios plantea, por lo demás, lógicas dudas sobre la entidad de muchas de ellas, denominadas formalmente “bibliotecas” aunque no cumplan unos requisitos mínimos en superficie, recursos informativos, personal u horario de apertura.

El número de BP existentes en el Estado deberá ser matizado en más de una ocasión y desde más de una perspectiva. Y resulta obligado, antes de continuar, realizar una advertencia sobre qué se entiende por “biblioteca” en los datos estadísticos utilizados.[24] En términos resumidos, sería el servicio o conjunto de servicios bibliotecarios que constituye una unidad administrativa independiente. Puede ser, por tanto, la sola biblioteca municipal que tenga un pequeño municipio o la red de bibliotecas y agencias de lectura del ayuntamiento de una gran ciudad. Sin embargo, los criterios con que se facilitan los datos estadísticos a los organismos oficiales no son ni mucho menos homogéneos y varían considerablemente entre las bibliotecas y las administraciones de las que dependen.

El caso es que, al observar el total de 3.763 BP en el Estado, se puede llegar a tener la impresión de que se han sumado categorías distintas. Porque en esa suma las unidades que se agregan responden a veces a realidades diferentes. Así, entre los sumandos se puede encontrar la red de bibliotecas municipales de Valladolid (con 10 bibliotecas y nueve agencias de lectura), que suma una; las 23 bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que se consideran independientes unas de otras, y suman 23; el servicio de bibliobuses (cuatro) de Zamora, que suma una; o la agencia de lectura de una pequeña localidad, con menos de 1.000 libros y apenas 20 m2, que también suma una.