2.3. Los puntos de servicio de las bibliotecas públicas

Así pues, para valorar con mayor precisión la cobertura que los servicios de BP tienen en la sociedad, junto al número de bibliotecas es preciso añadir el número de puntos de servicio con que cuentan esas bibliotecas, es decir los puntos “del sistema de biblioteca pública a través del cual accede el público al servicio de biblioteca pública. Puede ser una biblioteca central, regional, de barrio o sucursal, una biblioteca móvil, una colección en depósito o un punto especial de servicio en un hospital, una prisión u otra institución”.[25] En definitiva, el número de puntos de servicio incide, más que el número de bibliotecas, en las posibilidades que tienen los ciudadanos de una comunidad para acceder a los servicios de BP.

Los puntos de servicio disponibles en el Estado español durante la pasada década eran los siguientes:

A pesar de la diversidad de tipos distintos de puntos de servicio de BP que es posible encontrar, hay una primera clasificación de especial relevancia: los puntos de servicio fijos, es decir, ubicados en un edificio determinado (sea una gran biblioteca o el servicio estacional de una bibliopiscina) y los puntos de servicio móviles, en el Estado español mayoritariamente conocidos como bibliobuses, que viajan cada día a localidades pequeñas o alejadas, incluso a barrios periféricos de algunas ciudades, que no disponen de una bibliotecas pública y ofrecen a sus habitantes servicios de BP. Su distribución en el Estado, según los datos recogidos por el INE para 1998 y otras fuentes estadísticas,[26] era la siguiente:

Los 68 servicios móviles consisten en bibliobuses, vehículos especialmente equipados que viajan regularmente para servir a los ciudadanos residentes en localidades rurales que no disponen de biblioteca o en zonas urbanas alejadas de una biblioteca pública. De hecho, 48 de ellos atendían en 1998 fundamentalmente a población rural, mientras ocho ofrecían servicios tan sólo en el ámbito urbano. No cabe duda de que el número de servicios móviles en el Estado resulta claramente insuficiente, si se piensa que con un escaso medio centenar de bibliobuses habría que atender a los 3.400.000 habitantes que residen en los 5.113 municipios que en el Estado carecen de un punto de servicio fijo de biblioteca pública, sea biblioteca, agencia de lectura o punto de información. Además, sólo tres comunidades autónomas, Castilla y León con 30, Madrid con 13 y Cataluña con ocho, concentraban en 1998 las tres cuartas partes de los bibliobuses disponibles.

La desigualdad en la distribución territorial del conjunto de los puntos de servicio, fijos o móviles, es asimismo patente. Para la totalidad del territorio español, existe un punto de servicio para cada 9.790 habitantes, pero esta media adquiere grandes disparidades entre las distintas comunidades autónomas:

En los últimos lugares en cuanto a dotación de puntos de servicio por habitante se sitúan las dos comunidades que tienen una mayor concentración urbana. Si se analiza esta dotación exclusivamente en los municipios con población superior a los 5.000 habitantes que disponen de BP, el índice medio para estos municipios es de un punto de servicio para cada 13.334 habitantes. Sin duda, el tamaño de la población incide negativamente en este reparto, y son las grandes ciudades las que muestran carencias especialmente significativas.

Ahora bien, no son estas seis ciudades más populosas las que muestran una mayor carencia de centro bibliotecarios en relación a su población. Por encima, incluso, de los 100.000 habitantes para un único punto de servicio se situaban ciudades como Vigo, Logroño, Santa Cruz de Tenerife o Córdoba.

Estos datos vienen a coincidir y se complementan con los obtenidos de la encuesta postal realizada a bibliotecarios del Estado que estiman la población a la que deben atender sus respectivas bibliotecas con arreglo al siguiente reparto:

De todas formas, el incremento del conjunto de puntos de servicio a lo largo de los últimos años ha ido paralelo al que registraba el número de bibliotecas en el Estado, tanto en términos absolutos como en el índice de puntos servicio y de bibliotecas disponibles por cada 100.000 habitantes:

Su distribución en las localidades del Estado con arreglo al tamaño de su población es también semejante a la del número de bibliotecas públicas, aunque la proporción de los existentes en las localidades inferiores a 5.000 habitantes desciende (del 53 al 49  por ciento) a favor de las ciudades entre los 20.000 y los 500.000 habitantes (que pasan a representar el 22  por ciento de los puntos de servicio con el 20  por ciento de bibliotecas).

Es lógico, por lo demás, que en las localidades pequeñas o medianas exista un solo punto de servicio, mientras que son las ciudades más grandes las que precisan multiplicar su número para atender al conjunto de su población.

Sin embargo, la relación entre el número de bibliotecas y el número de puntos de servicio merece algún comentario más detallado. En 1998 había en el Estado 1,08 puntos de servicio por cada biblioteca o, dicho de otra manera, apenas 5 de cada 100 BP disponían de más de un punto de servicio, mientras que la gran mayoría, 3.622 bibliotecas, ofrecía sus servicios bibliotecarios desde un único punto de servicio.[27] Esta descripción del sistema de BP en el Estado contrasta especialmente con la de otros países europeos.[28]

La peculiaridad de la situación obedece en parte a un problema a medias terminológico y a medias conceptual. En el ámbito internacional, como número de BP se consignan las unidades administrativas, el conjunto de puntos y servicios bibliotecarios que dependen de una misma administración y se organizan conjuntamente para la prestación del servicio a una comunidad determinada. La diferencia de concepto explicaría que las BP británicas tengan una media superior a los 30 puntos de servicio por biblioteca, mientras en el Estado no llega al 1,1.[29]

Pero tras este problema conceptual no hay tan solo una diferencia de criterios a la hora de cumplimentar los cuestionarios estadísticos en uno u otro país. Hay también realidades distintas, que hacen entrever un panorama de los servicios de BP en el Estado español menos integrado y estructurado que en otros países de mayor desarrollo bibliotecario.

Cuando un ayuntamiento consigna en las estadísticas que tiene, por ejemplo, veinte BP que equivalen a veinte puntos de servicio,[30] en lugar de registrar una sola BP[31] con veinte puntos de servicio, lo más probable es que sus bibliotecas municipales funcionen realmente como bibliotecas más o menos independientes, sin formar parte de un sistema urbano planificado e integrado para el conjunto de la ciudad. Y en esta circunstancia aparece la gran mayoría de las ciudades del Estado que son capitales de provincia o superan los 100.000 habitantes. En concreto, en 58 de las 70 ciudades que conformaban ese grupo en 1998, los datos facilitados al INE muestran tantas bibliotecas municipales como puntos de servicio dispone el ayuntamiento y tan sólo en cuatro de estas ciudades aparece la biblioteca municipal como una red urbana integrada en una única unidad administrativa.[32]

Además en estas ciudades, capitales de provincia o con un tamaño superior a los 100.000, conviven, o mejor, coexisten a menudo bibliotecas, incluso redes de bibliotecas, que dependen de distintas administraciones y se han establecido y funcionan como servicios ajenos unos a otros, con un bajo nivel de colaboración y coordinación, siempre condicionadas por la coexistencia competencial de las distintas administraciones. La situación resulta especialmente llamativa en las ciudades que disponen de una BPE, además de las correspondientes bibliotecas municipales, donde aún no se ha encontrado una fórmula que permita ofrecer a los ciudadanos un servicio de BP conjunto con los mínimos exigibles de rentabilidad económica, eficacia y calidad. La concurrencia de distintas administraciones en la gestión y mantenimiento de las BP en el Estado no parece traducirse todavía en una plataforma para la planificación coherente de los servicios, para la rentabilización cada vez más necesaria de recursos unificados, para la oferta a los ciudadanos de un servicio en red adecuado a las necesidades de hoy y a las posibilidades de que se dispone.

Esta estructura de base excesivamente fragmentada ha comenzado a superarse en los últimos años, gracias en primer lugar a la voluntad de algunas administraciones por organizar sistemas urbanos, provinciales o autonómicos de BP, y de poner en marcha redes y proyectos de cooperación en distintos ámbitos.[33] Paralelamente, son muchas las bibliotecas cuya vinculación con la comunidad a la que prestan servicio les ha llevado a trabajar con frecuencia junto a otras instituciones, servicios y colectivos de su entorno. La Encuesta a los bibliotecarios muestra que la cultura de cooperación no es precisamente ajena a las BP, a pesar de la debilidad de las estructuras existentes.

No deja de llamar la atención el hecho de que la colaboración con las bibliotecas y centros escolares o con otros servicios o asociaciones de la localidad es más frecuente entre las bibliotecas públicas que la existente con otros centros bibliotecarios de la propia red a la que pertenecen, al menos formalmente. La escasa participación de las BP en las redes telemáticas institucionales da, por lo demás, una idea del bajo nivel de articulación y capacidad de integración de las BP con el conjunto de servicios públicos que se prestan a la comunidad desde una misma administración.

A pesar de estas consideraciones, parece claro que los esfuerzos realizados en los últimos años desde las distintas administraciones por ampliar los servicios de la BP han hecho de ella el servicio cultural e informativo más extendido en la geografía del Estado y es éste un valor que es preciso poner de relieve. Más de 4.100 puntos de servicio, presentes en más de 3.000 municipios, en los que reside más del 92 por ciento de la población son, sin duda, un potencial de primera línea para resolver los retos que los ciudadanos y las propias administraciones tienen en estos momentos a fin de aprovechar de manera eficaz y democrática las oportunidades de la sociedad de la información.

No obstante, el incremento del número de bibliotecas y puntos de servicio presenta una distribución territorial con notables desequilibrios, que aparecen no sólo entre las diferentes comunidades autónomas, sino también entre los municipios en función del tamaño de su población. El alto porcentaje de BP en pequeños municipios obliga a relativizar el número total de las existentes en el Estado, ya que muchas de ellas habrían de ser consideradas agencias sucursales dependientes o tuteladas por una BP mayor, y funcionar como tales, claro. Pero a la vez dice mucho por el interés, más allá de las obligaciones legales, de muchas corporaciones municipales por dotar a sus ciudadanos de este servicio público, a pesar de la escasez de recursos con que habitualmente cuentan.

Por contraste, los déficit que aparecen en las grandes ciudades, son un indicio que viene a contradecir el viejo tópico de un mundo rural infradotado en materia de bibliotecas públicas frente a las grandes ciudades en las que existen bibliotecas también grandes. No cabe la aseveración contraria, pero no parece que los habitantes de las aglomeraciones urbanas tengan más posibilidades físicas de acceder a un punto de servicio de BP que los habitantes de muchos pequeños municipios y, desde luego, que los de las ciudades de tamaño medio.

En cualquier caso, ni el número de BP ni el de puntos de servicio garantizan un mínimo de eficacia si su propia capacidad de servicio está limitada por condiciones o tamaños inadecuados de espacio, colecciones, personal o recursos económicos, variables que determinan en buena medida tanto la cantidad como la calidad de los servicios que puede prestar una biblioteca.