2.6. Los recursos humanos y económicos (Continuación)

En relación con los gastos que en el Estado español genera el servicio de BP, es preciso señalar, de entrada, la dificultad para evaluar con exactitud su volumen. En primer lugar, porque las fuentes estadísticas disponibles no recogen en su totalidad los presupuestos que desde las distintas administraciones se dedican a las bibliotecas. Los gastos consignados en las estadísticas del INE recogen tan solo los gastos corrientes de las BP, es decir, los destinados al personal, a las adquisiciones y a otros gastos. Pero quedan fuera de esa suma los gastos de inversión destinados por las distintas administraciones a la construcción o remodelación de edificios y la compra de equipamiento para bibliotecas. Quedan sin consignar asimismo los gastos de servicios de biblioteca que no son servicios directos a los ciudadanos, tales como los servicios centrales de administraciones autonómicas o de diputaciones, incluso ocasionalmente de algunos ayuntamientos.

Los gastos registrados por las estadísticas oficiales ofrecen, por lo demás, un índice de fiabilidad relativa. La dificultad de un control presupuestario por parte de los bibliotecarios del conjunto de gastos generados por el servicio hace que, en las respuestas recibidas por el INE a sus cuestionarios, sea el apartado de gastos el que presenta un mayor porcentaje de respuestas en blanco. Como consecuencia, el propio Instituto se ve obligado, para poder facilitar al público y a los organismos internacionales una cifras que puedan ser homogéneas en su conjunto, a completar estos datos a partir de estimaciones medias sobre los presupuestos de las bibliotecas que sí consignan sus gastos.

Hechas estas salvedades sobre las cifras absolutas, los datos disponibles ofrecen sin embargo una información de interés en términos relativos, tanto en su evolución a lo largo de la última década, como en la distribución de ese gasto en sus distintos capítulos y en los distintos ámbitos territoriales o demográficos. De hecho, desde 1990, la evolución de los gastos en BP ha conocido un incremento paralelo al del número de bibliotecas y puntos de servicio.

El mayor componente del total de gastos anuales corresponde siempre a los gastos de personal, muy por encima de los destinados a adquisiciones de recursos informativos y a los otros gastos, en los que se incluyen los generados por actividades y los generales de mantenimiento.[61]

En 1990, el porcentaje destinado al personal era del 70 por ciento, porcentaje que ha aumentado moderadamente a lo largo de la década. La evolución, en términos absolutos, de los gastos de personal en cualquier servicio presenta siempre una tendencia al alza, sin que quepa encontrarse con altibajos significativos de un año a otro.

Algo parecido ocurre con los gastos generales de mantenimiento, mientras que son los destinados a actividades y nuevas adquisiciones de libros u otros materiales aquellos que resultan de alguna manera más opcionales. Así, los tres puntos en que se incrementan proporcionalmente los gastos de personal entre 1990 y 1998 los pierde el porcentaje de gastos en adquisiciones, que era del 19,5 por ciento en 1990, del 18,7 por ciento en 1996 y baja al 16,6 en 1998. Mientras tanto, el porcentaje dedicado a otros gastos mantiene una aparente estabilidad, siempre ligeramente por encima del 10 por ciento.

El incremento relativo de los gastos de personal a costa de los gastos de adquisiciones no es, desde el punto de vista económico, una tendencia claramente positiva, que puede esconder o desembocar en disfunciones importantes y ahogar la eficacia del servicio, si no se establece un cierto equilibrio en la distribución del gasto, máxime cuando el nivel de adquisiciones, tal como se ha visto, es claramente deficitario.

Pero para evaluar los gastos de las BP es preciso ponerlos en relación con la población a la que prestan servicio. Los datos de 1990 reflejan un gasto medio de 252 pesetas anuales por habitante, cantidad que ha ido incrementándose durante los últimos años: 400 pesetas en 1992; 429 pesetas en 1994; 531 pesetas en 1996; y 609 pesetas en 1998. Su evolución a lo largo de estos años refleja a las claras la proporción que los gastos de personal tienen en el presupuesto total, siendo el factor de su incremento, mientras las partidas para adquisiciones y otros gastos apenas despegan.

Como podría suponerse, no en todas las comunidades se dedica la misma cantidad por habitante al mantenimiento del servicio de BP, reflejándose diferencias entre comunidades autónomas cuyo gasto anual por habitante es casi el triple que en otras.

Una valoración precisa de las diferencias entre unas y otras comunidades debería tener en cuenta factores externos a las propias bibliotecas, como el distinto nivel de vida o los promedios de costes salariales, pero evidentemente también reflejan el compromiso mantenido por las distintas administraciones en el servicio de las BP. Más aventurado resultaría establecer a partir de estos datos índices de eficiencia, relacionando estas cifras  con la capacidad de servicio (número de puntos de servicio, volúmenes disponibles, personal empleado...) y sus resultados (población usuaria, préstamos realizados, actividades...). Sin embargo, la distribución del gasto por habitante en personal y adquisiciones puede ilustrar suficientemente la orientación y prioridades con que se ejecutan tales gastos.

Las diferencias que refleja la distribución territorial por comunidades autónomas puede constatarse asimismo entre los diferentes municipios clasificados por el tamaño de su población.

La comparación de ambos gráficos refleja con claridad una relación proporcional entre los gastos en personal y el tamaño de la población, mientras que la proporción resulta inversa en los gastos de adquisiciones. Mientras que los gastos de personal por habitante en las localidades superiores a 20.000 habitantes superan la media nacional, en los gastos medios para adquisiciones nuevamente son los ciudadanos de las grandes ciudades los que salen perdiendo, dedicándose casi la mitad de la media nacional a la provisión de nuevos recursos informativos en sus bibliotecas. Incluso en los gastos totales por habitante, estimados para el conjunto del Estado español en 609 pesetas anuales, las ciudades por encima de los 500.000 habitantes apenas llegan a esa media, con 589 pesetas en 1998.

Más equilibrada parece la situación de las localidades medianas, incluso en poblaciones a partir de los 5.000 habitantes, en las que los gastos por habitante se acercan o superan la media nacional, tanto en gastos totales, como en los dedicados a personal y a adquisiciones.

Los gastos corrientes de las BP son financiados en su totalidad por las entidades locales y por los gobiernos autonómicos, que asumen las bibliotecas de su titularidad más las de titularidad estatal cuya gestión tienen transferida. La tendencia que reflejan estos años indica una clara municipalización de los servicios de BP. Las entidades locales comienzan la década asumiendo algo menos de la mitad de la financiación de las BP y llegan a 1998 cubriendo casi las tres cuartas partes de esa financiación:

Ahora bien, esta distribución del gasto de BP entre las administraciones autonómicas y  las entidades locales refleja también una indudable descompensación entre los recursos económicos de que disponen las bibliotecas regentadas por unas y otras. En efecto, el 94 por ciento de las bibliotecas públicas, es decir, las municipales, reciben el 72 por ciento de los recursos económicos que la sociedad destina a este servicio público. La responsabilidad de esta desproporción es, en primer término, de la propia administración local, que en muchos casos no ha asumido con el rigor presupuestario necesario la prestación del servicio de BP. Es evidente que muchos ayuntamientos deberán asumir un compromiso riguroso en este terreno. Pero más llama la atención la casi nula implicación de las diputaciones provinciales, llamadas a asistir a los municipios “preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos”.[62] Sin embargo, son contadas las diputaciones que mantienen un compromiso presupuestario significativo en el mantenimiento de su red provincial de bibliotecas municipales.

Por su parte, el 27 por ciento de gastos asumidos por las administraciones autonómicas para las 214 bibliotecas que gestionan (entre las que se encuentran las BP de titularidad estatal) o de las que son titulares, que representan el siete por ciento de las BP, no tiene una distribución homogénea.

En efecto, más de las tres cuartas partes de esos gastos se concentran en las 50 BPE gestionadas y financiadas en su mantenimiento por los distintos gobiernos autónomos[63] que, con salvedades, mantienen en conjunto un nivel de recursos bastante por encima de las medias nacionales. No se debe olvidar que las comunidades autónomas asumen gastos aquí no contemplados y sobre los que no se dispone de cifras, destinados a sostener los sistemas regionales de bibliotecas públicas mediante servicios centrales de apoyo, subvenciones, dotaciones de fondos, inversiones en edificios y equipamientos, informatización y otros programas de muy diversas formas y extensión.

La aportación económica del gobierno central al sistema español de BP se concentra básicamente en su actuación en el ámbito de las BPE, en tres capítulos concretos: las inversiones en obras y equipamientos, la informatización y la elaboración del catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.[64] Entre 1990 y 1998, las inversiones realizadas desde el gobierno central en obras, equipamiento e informatización han totalizado los 11.890 millones de pesetas:

Su distribución por comunidades autónomas tiene que ver con el número de BPE que hay en cada una de ellas, pero también y de forma muy especial con los proyectos de nuevos edificios acometidos durante el período:

Los presupuestos asignados desde el MECD a la elaboración del catálogo colectivo han sumado a lo largo del período 1990-1998 la cantidad de 611.024.667 pesetas, con una distribución sujeta a la incorporación de las distintas comunidades autónomas mediante convenio.