El personal de las bibliotecas públicas

José-María Nogales Herrera
Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID)

            1.         Introducción 

            2.         Cuestiones básicas

            3.         ¿Cómo es el personal bibliotecario?

                        3.1.      Plantillas 

                        3.2.      Otros profesionales 

                        3.3.      Composición por sexos 

                        3.4.      Composición por edades

                        3.5.      Composición en función del cargo 

                        3.6.      Clasificación profesional 

            4.         La profesionalidad de los bibliotecarios

                        4.1.      Acceso a la profesión

                        4.2.      Cualificación técnica

                        4.3.      Reconversión

                        4.4.      Participación en programas de formación continuada

            5.         ¿Cómo trabajan los bibliotecarios? 

                        5.1.      Dependencia orgánica funcional

                        5.2.      Modelo de gestión de centros

                        5.3.      Composición por el régimen laboral 

                        5.4.      Composición en función de la jornada laboral

                        5.5.      Horario y calendarios

            A modo de conclusión

            Agradecimientos 

1. Introducción

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, ha encargado a la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID) su participación, mediante el presente estudio, en el Plan de Impulso de las Bibliotecas Públicas españolas.

La propia estructura federativa de FESABID ha recomendado que todas las asociaciones que la integran pudieran participar mediante una pequeña aportación que intentara explicar en poco espacio algo tan importante para los mismos profesionales, como es poder hablar del “estatus profesional en las bibliotecas públicas” y “el acceso a la profesión”, pensando que, de ese modo, por otra parte se llegaría a un mejor conocimiento de la realidad profesional en cada comunidad autónoma. Esas aportaciones son las que han servido de base a este trabajo, junto a la Encuesta a los bibliotecarios y el Análisis estadístico realizados para este estudio.

En las colaboraciones de las asociaciones de FESABID, se ha pretendido no ceder ante la tentación de aprovechar la ocasión para reclamar la atención de las administraciones públicas sobre “lo mal que están las cosas”, o acerca de cuánto queda por hacer en esta materia que nos ocupa; teniendo como primer objetivo la adecuación a las actuales necesidades del sistema bibliotecario español. Nunca se ha pretendido con esta aportación generar un texto de defensa a ultranza de una profesión, la de bibliotecario. Sí, al contrario, analizar y describir en qué parámetros se desenvuelve una figura clave para el desarrollo de las bibliotecas españolas hasta alcanzar los estándares europeos a los que se pretende llegar; así lo entienden los profesionales y así lo habrían de entender los administradores y los administrados. Por muchos medios de que se dote a las bibliotecas, si en los recursos humanos no se hace un esfuerzo similar al que en muchos casos se está haciendo en los restantes medios materiales (edificios, fondos bibliográficos, informatización, etcétera), los resultados nunca podrán ser los deseables.

Una muestra de cuánto interesa esta cuestión a los profesionales, puede ser la gran cantidad de congresos, jornadas y seminarios que las mismas asociaciones y algunas administraciones han dedicado en las dos últimas décadas a este asunto, y reflejo de lo cual son las actas de dichos eventos; a ellas nos remitimos. Cabe pensar que las conclusiones de esos encuentros técnicos no siempre han caído en saco roto. Con todo, gracias al empeño e interés de algunos sectores profesionales y de la administración, el estatuto profesional va mejorando paulatinamente, aunque no al ritmo que cabría desear y no por igual en todas las comunidades autónomas.

2. Cuestiones básicas

Como en otra parte ya se indica, el presente estudio consta, entre otros elementos, de una Encuesta a los bibliotecarios, realizada entre seiscientos responsables de bibliotecas públicas; de los resultados de dicha encuesta se podría perfilar el bibliotecario tipo, pero, casi con toda seguridad, nadie se habría de sentir identificado con dicho robot. Por esto, más que presentar ese supuesto modelo de bibliotecario característico, preferimos realizar algunas observaciones sobre los meros datos numéricos, que, ya de por sí, resultan suficientemente esclarecedores de cuál es la realidad de este importante colectivo profesional.

Así pues, de dicha encuesta postal realizada sobre esa población que se ha de suponer suficientemente representativa, de seiscientos profesionales, se desprenden los siguientes elementos de análisis.

Otra fuente importante de datos que ayudará a cuantificar la realidad profesional del bibliotecario la constituye el Análisis estadístico elaborado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, según el cual en el año 1990 había en España un total de 5.199 personas empleadas en las bibliotecas públicas, mientras que en 1998 éstas ascendían a 8.190, distribuidas de la siguiente manera por comunidades autónomas:

            Andalucía         1.259

            Aragón            340

            Asturias           223

            Islas Baleares   173

            Islas Canarias   284

            Cantabria         105

            Castilla–La Mancha     620

            Castilla y León             722

            Cataluña          833

            Comunidad Valenciana            901

            Extremadura    472

            Galicia 564

            Madrid            806

            Murcia             253

            Navarra           92

            País Vasco       483

            La Rioja           49

            Ceuta y Melilla             11

3. ¿Cómo es el personal bibliotecario?

3.1. Plantillas

Las leyes sectoriales, y los reglamentos, cuando los hubiere, vienen a establecer unos mínimos en lo que se refiere a las plantillas de los centros, tanto en el número como en la cualificación, y esto lo suelen hacer en función de unos tramos de población, según la que ha de atender cada centro. En muchos casos los mínimos ni siquiera se cumplen, lo que redunda, con seguridad, en el mal funcionamiento de los centros. En especial en los pequeños municipios, se detecta una cierta falta de estabilidad en el personal de las BP, lo que incide negativamente en el desarrollo profesional de las plantillas.

3.2. Otros profesionales

Además de los bibliotecarios propiamente dichos, no se ha de olvidar que en la biblioteca pública juegan un papel importante otros profesionales, que también han de ser tenidos en cuenta:

– personal de administración

– personal de dinamización cultural y difusión de las actividades

– personal de informatización

– personal de limpieza y mantenimiento

– personal de restauración y reprografía

– personal educativo

Todos ellos forman parte de un equipo interdisciplinar, coordinados por el bibliotecario y estructurado a partir de la idea de hacer de la biblioteca pública un centro generador y difusor de cultura e información.

La presencia de estos profesionales suele depender de las dimensiones y características de cada centro, pero siempre recordando que si no hay alguien encargado de ejecutar esas tareas, si éstas se realizan será por que las asume el bibliotecario.

3.3. Composición por sexos

Entre los bibliotecarios que responden a la Encuesta, se dibuja un evidente desequilibrio en la composición por género:

            Mujeres                       72%

            Hombres          28%

Poco hemos de decir a estos datos que reflejan una realidad claramente conocida de siempre, como es el hecho de que tradicionalmente la profesión de bibliotecario ha sido una profesión “femenina”; pero, ¿ocurre lo mismo en todos los sectores de la profesión, o más bien se da el caso de que los puestos de base están ocupados por mujeres y los directivos por hombres? Sin duda, estos datos han de ser analizados no sólo en el contexto de la profesión bibliotecaria, sino en el más amplio de la inserción profesional de las mujeres en la actividad económica y social.

3.4. Composición por edades

Asimismo, la Encuesta a los bibliotecarios ofrece la siguiente distribución por edades:

Entre 18 y 29 años       11,7 %

Entre 30 y 39 años       47,7 %

Entre 40 y 49 años       33    %

Entre 50 y 59 años       6,2 %

De más de 60 años      1,5 %

Encontramos aquí un franco predominio de profesionales sumamente jóvenes, de los que casi un 70 por ciento tienen menos de 40 años. Esto nos lleva a pensar que, por tanto, han de tener por delante una larga vida laboral y profesional, la cual debe ser incentivada y dotada de posibilidades de superación, siendo preciso preparar desde los distintos niveles competenciales todos aquellos elementos que posibiliten una verdadera carrera administrativa (formación continuada, paso de unos grupos a otros, de unas administraciones a otras, etcétera).

3.5. Composición en función del cargo

El cargo que ocupan quienes responden a la encuesta a los bibliotecarios refleja una falta de normalización entre quienes están al frente de las BP españolas:

Director           22,8 %

Técnico/Ayudante        4,7 %

Auxiliar de biblioteca    12   %

Encargado/Responsable           36    %

Bibliotecario     24,5 %

A primera vista llama la atención que, mientras la mayor parte de la profesión debería estar encuadrada en el Grupo B de Técnicos Ayudantes, en realidad lo está la menor parte (4,7 por ciento). El mayor grupo lo integran los “Encargados”, categoría de difícil clasificación, que responde a pretéritos modos de organización y exenta de planteamiento técnicos. Sin duda que, en el sentir de la mayoría de los profesionales, y muy especialmente entre los que forman este grupo, está la idea de que esta denominación y todo lo que ella significa debe ser modificada.

El escaso porcentaje de Técnicos o Ayudantes de biblioteca, debe ser eliminado mediante la superación profesional y, especialmente, modificando la denominación y el perfil de los grupos denominados “Encargados” y “Bibliotecarios”, los cuales han de ser bien definidos y suficientemente perfilados; este último, el grupo de los “Bibliotecarios”, por contar con una denominación tan genérica, termina no significando nada en cuanto al contenido de la plaza. En todo caso, en una relación de puestos de trabajo, podría referirse a la plaza, no al puesto.

En cuanto se refiere al grupo denominado “Director”, cuyo porcentaje (22 por ciento) parece un tanto elevado, según el conocimiento de la realidad, no hay que olvidar que muchos de estos directores lo son en tanto que dirigen algún centro, pero que, en lo que se refiere a la gestión de personal, son directores de sí mismos, en cuanto que se trata habitualmente de plazas únicas.

3.6. Clasificación profesional

Con carácter general se admite la adecuación de los niveles administrativos a los diversos puestos de trabajo;

–          Grupo A: Técnicos superiores y Facultativos de Bibliotecas, para los directivos de centros y las tareas de coordinación provincial o regional.

–          Grupo B: Técnicos de grado medio y Ayudantes de Bibliotecas, para las labores técnicas especializadas y la dirección de secciones o centros dependientes de redes locales.

–          Grupo C: Técnicos Auxiliares de Bibliotecas, para las tareas de apoyo y la atención directa al público, salvo la información bibliográfica especializada.

Esta división por clases es válida para los funcionarios de las diversas administraciones que prestan sus servicios en bibliotecas públicas, pero no olvidemos que un 63,8 por ciento de los profesionales, se encuadran en las plantillas laborales de esas mismas administraciones, que, si bien tienden a reproducir el esquema anterior, no es menos cierto que presentan una gran diversidad de formas de organización laboral. En cualquier caso, los responsables de BP que responden a la Encuesta a los bibliotecarios se encuadran en los siguientes grupos:

Grupo o nivel A           11,5%

Grupo o nivel B           16,7%

Grupo o nivel C           25    %

Grupo o nivel D           13,7%

Grupo o nivel E              1,3%

Contrato laboral           29,5 (sin especificar)

Voluntarios        2,3%

4. La profesionalidad de los bibliotecarios

4.1. Acceso a la profesión

Tanto la ley de la Función Pública como las leyes sectoriales establecen los procedimientos habituales para el ejercicio de la profesión bibliotecaria en los centros públicos:

Oposición

Concurso oposición

Concurso

Estos son los sistemas habituales para acceder a una plaza pública, pero los informes de las asociaciones ponen de relieve demasiadas peculiaridades; oposiciones rigurosas para ocupar plazas interinas, temarios de técnicos medios para plazas de técnicos auxiliares, o incluso de encargados de bibliotecas. Todas esas circunstancias deben tender a desaparecer.

4.2. Cualificación técnica

A estos efectos, habrá que distinguir entre:

–          Nivel académico:

            a) Licenciado universitario para el grupo A

            b) Diplomado universitario para el grupo B

            c) Formación Profesional de II Grado, con formación específica, para el grupo C

–          Titulación académica

            a) Licenciado en Biblioteconomía para el grupo A

            b) Diplomado en Biblioteconomía para el grupo B

            c) Técnico Especialista en Bibliotecas para el grupo C

Téngase en cuenta que, si bien muchos profesionales comenzaron su actividad cumpliendo con los requisitos académicos que se requerían en su momento, antes de que aparecieran las nueva titulaciones y especialidades, según datos del Análisis Estadístico referidos al año 1998, tres de cada cuatro bibliotecarios se declaraban formados en el ejercicio de la profesión y tan solo una cuarta parte de los profesionales reconocían estar en posesión de un título acreditativo, bien por formación previa o por una oposición específica.

La incorporación de la Biblioteconomía a la enseñanza universitaria comienza a mediados de los ochenta. Hasta entonces, la enseñanza profesional en bibliotecas tan solo se contemplaba en la Escuela «Jordi Rubió i Balaguer» de la Diputación de Barcelona (creada en 1915), o más recientemente en un módulo de Formación Profesional III (de efímera existencia) y programas de posgrado auspiciados desde el Ministerio de Cultura.

4.3. Reconversión

El sector de la biblioteca pública, casi inapreciable hace 25 años, se ha desarrollado sobremanera, especialmente en las décadas de los ochenta y los noventa . Su desarrollo y crecimiento ha generado ciertas situaciones que ahora es preciso enmendar. El desarrollo tecnológico que paulatinamente va implementándose en los centros, la aparición de nuevas titulaciones y especialidades académicas, la normalización y racionalización de las plantillas funcionariales, y muchos otros cambios, recomiendan una reestructuración de las plantillas técnicas en las bibliotecas, así como que en ellas se pueda propiciar la realización de una verdadera carrera administrativa, lo que no siempre es viable.

4.4. Participación en programas de formación continuada

Algo más de la tercera parte de los bibliotecarios que responden a la Encuesta acude con asiduidad a cursos de actualización profesional, si bien para la mayoría se trata de una actividad ocasional:

Asiduamente    37,7%

Ocasionalmente           54%

Nunca  8,3%

Sin duda, el mundo actual exige una permanente actuación de recualificación profesional, necesidad que en el campo de las bibliotecas públicas se agudiza si tenemos en cuenta el alto porcentaje de profesionales autodidactas. Cabe destacar el esfuerzo de muchos bibliotecarios que suplen la falta de cualificación previa y la necesidad de nuevos conocimientos y destrezas que plantea el desarrollo tecnológico asistiendo a los cursos programados por sectores de la administración, asociaciones profesionales o fundaciones privadas. Sin embargo, en muchos territorios y niveles profesionales, es precisa una actuación más sistemática y permanente alentada por todas las administraciones competentes.

5. ¿Cómo trabajan los bibliotecarios?

5.1. Dependencia orgánica funcional

El mayor número de profesionales depende de la administración municipal, seguidos, en orden de proporción, de la administración regional o autonómica y de la propia administración central. Algunas instituciones tales como cajas de ahorros mantienen redes de bibliotecas con vocación de bibliotecas públicas, aunque imponen ciertos requisitos a los usuarios, como el hecho de poseer cuenta en la entidad.

5.2. Modelo de gestión de centros

Si bien se ha detallado anteriormente la dependencia orgánica, ésta hay que contemplarla desde el punto de vista de la gestión, y también esto influye en el personal. Una cosa es de qué administración dependa el centro y, en consecuencia, su personal, y otra bien distinta la manera que la propia administración adopte para la gestión de los mismos y, por tanto, su relación con los profesionales:

a)         Gestión directa, mediante su propio personal encuadrado en la plantilla de la administración; aquí se ha de contemplar tanto el personal directamente dependiente de la administración como el de las fundaciones o patronatos, pues a pesar de cómo se denominen suelen ser realmente organismos autónomos, dependientes de las mismas administraciones.

b)         Gestión indirecta, mediante la contratación de servicios a empresas o asociaciones. La “tercerización” de servicios se desarrolla de manera creciente desde hace unos años, frecuentemente para algunas tareas determinadas, como la catalogación retrospectiva, aunque también para la prestación global de los servicios bibliotecarios.

Tanto si en los procesos de tercerización se cuenta o no con personal propio de la administración, es preciso velar por que la redacción de las bases de contratación y sus correspondientes contratos sean muy rigurosos.

5.3. Composición por el régimen laboral

En lo que se refiere al régimen laboral del personal bibliotecario, también encontramos una situación llamativa. Mientras que en la mayor parte de las plantillas de las distintas administraciones públicas se detecta una presencia mayoritaria de personal funcionario frente a los laborales, en el caso de las bibliotecas la desproporción en beneficio de las plantillas laborales es notoria, a juzgar por los resultados ofrecidos por la Encuesta a los bibliotecarios:

Con contrato laboral    63,8%

Funcionarios    33,5%

Otros   2,7%

Se da la circunstancia de que muchos centros disponen de un solo puesto de trabajo, en régimen de contrato laboral temporal, lo que conlleva ciertos niveles de precariedad en el sector, con cambios de plantilla, etcétera.

Del apartado de “otros”, con un bajo porcentaje del 02,7 por ciento, hay que decir que es un grupo en desarrollo y se da en situaciones de excepcionalidad, así como en las más frecuentes medidas de tercerización que están siendo adoptadas por las administraciones.

Poco ha de importar en suma la clasificación laboral en que se enmarque uno, si en realidad las diferencias laborales no vienen a encubrir discriminaciones profesionales y si, en cualquier caso, no van en contra del que ha de ser un objetivo principal un buen servicio bibliotecario.

5.4. Composición en función de la jornada laboral

La jornada laboral realizada por los responsables de las BP que respondieron a la Encuesta, es la siguiente:

Jornada completa         54,8 %

Jornada parcial            45,2 %

En primer lugar destaca el elevado porcentaje de quienes realizan la jornada parcial, 45,2 por ciento; dato mucho más preocupante si se tiene en cuenta que el horario cubierto coincide en muchos casos con el horario de apertura al público de la biblioteca, sin margen para atender labores técnicas, programar y evaluar actividades.

Naturalmente, los sueldos están en consonancia con la jornada, por lo que en estos casos de jornada parcial la precariedad laboral es notoria y, consecuentemente, la poca estabilidad en esos empleos también, lo que redundará sin lugar a dudas en un menor desarrollo de los centros y de la actividad bibliotecaria.

5.5. Horarios y calendarios

La mayor parte de la profesión tiene asumido que sus horarios y sus calendarios no han de coincidir con los del resto del funcionariado; trabajo en jornadas partidas o jornadas de tarde, apertura en sábado e incluso en domingo, sesiones nocturnas no justificadas tanto en una biblioteca pública como en una biblioteca universitaria, etcétera, son algunas de las peculiaridades, que deben tener su reflejo en ciertas compensaciones.

La jornada laboral a tiempo parcial, tan profusamente extendida entre las bibliotecas públicas españolas (especialmente entre las municipales de localidades más o menos pequeñas), que suelen darse junto con plazas únicas y de cualificación no muy elevada, redundan, sin duda, en el resultado de los servicios que prestan estas bibliotecas; claro está que, por otra parte, en una terminología más estricta, muchas de ellas habrían de ser consideradas agencias de lectura.

A modo de conclusión

No se ha de olvidar que sobre la gestión político-administrativa en general, sobre la gestión cultural en particular, y por ende sobre la gestión bibliotecaria inciden dos vectores fundamentales: la población y el territorio.

Pues bien, la realidad del Estado español en estos dos aspectos es tan diversa y plural que por fuerza se habrán de encontrar elementos de análisis sumamente dispares, lo que se hace patente en la presentación de un trabajo de estas características por comunidades autónomas. Se hallarán desde aquellas regiones amplias y desigualmente pobladas, a otras uniprovinciales y, consecuentemente, con realidades más fáciles de aprehender, aunque también presenten grandes desigualdades territoriales, demográficas y de prestación de los servicios culturales y bibliotecarios que los ciudadanos precisan y demandan.

Por lo común, de la lectura de los trabajos recibidos, procedentes de diez de las autonomías del Estado español, se desprende una gran variedad de situaciones francamente difíciles de igualar en una explicación genérica. Al igual que antes se aludía a la profusión de jornadas de estudio sobre la profesión bibliotecaria, hay que mencionar el esfuerzo de las administraciones por computar los datos referidos a las bibliotecas, sus servicios, sus fondos, sus profesionales, etcétera, entendiendo que los indicadores bibliotecarios ayudan a explicar el índice de desarrollo sociocultural de un municipio, región o país.

Esos valores estadísticos expresan el desarrollo del mundo bibliotecario especialmente en los últimos 25 años. Nos remitiremos, pues, a los datos aportados por las bibliotecas y registrados por el Instituto Nacional de Estadística. Una muestra secuencial de los mismos puede servir para percibir el esfuerzo realizado por las administraciones, y, en consecuencia, el avance obtenido, plasmado en resultados positivos en cuanto se refiere a modernización de las redes y del sistema bibliotecario.

En general, el personal técnico de bibliotecas públicas presta sus servicios:

a)         En bibliotecas públicas del Estado, gestionadas por las administraciones autonómicas. En este caso, sus estatutos profesionales suelen estar en consonancia con el resto de los funcionarios de las administraciones a que pertenezcan, aunque, casi siempre, dentro de los niveles administrativos más básicos. En este grupo se encuadran tanto el personal adscrito a las centrales bibliotecarias de las comunidades autónomas, como el que presta sus servicios en las bibliotecas de titularidad autonómica, por cuanto que pueden ser consideradas cabeceras de las redes y de los subsistemas. Pese a ser el grupo donde se da una mayor homogeneidad, tampoco ésta es completa, ya que se aprecian ciertas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras.

b)         Dependientes de los Centros Coordinadores de Bibliotecas (o los órganos en los que se han transformado éstos), de las diputaciones provinciales. Si bien, en estos casos, y salvo en Cataluña, no realizan labores propias de biblioteca pública en tanto que no están en relación directa con el público, ni ellos como profesionales, ni los centros como tales. Por lo común, este personal, está llamado a realizar actividades de coordinación y asistencia técnica.

c)         La mayor parte de la profesión tiene una dependencia directa de la administración local municipal, y en este colectivo es donde la disparidad de situaciones se hace más palpable. Quizá esta realidad de precariedad generalizada en las bibliotecas públicas municipales, en cuanto al personal se refiere, deba ser examinada desde la perspectiva de una cierta “crisis” de la administración local en todo el Estado español. Pese a todo lo cual, la administración municipal es indudable protagonista continuo incremento en las dotaciones bibliotecarias experimentado dentro de todo el sistema desde 1979 y en adelante.

La “crisis” se advierte desde el momento en que los municipios, como administración más cercana al ciudadano, han ido incrementando progresivamente los servicios prestados a su población, satisfaciendo con frecuencia aquellas necesidades encomendadas por la ley (recuérdese que los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a facilitar a sus vecinos un servicio de biblioteca pública). A esto se añade la frecuente carencia de recursos en relación con las necesidades a cubrir (recursos materiales, económicos y humanos) y la mermada y poco apurada capacidad normativa de sus consistorios.

A título de ejemplo, conviene tener en cuenta que, según las fuentes del Instituto Nacional de Estadística, el 50,3 por ciento de las bibliotecas públicas españolas en 1998, un total de 1.893 centros, estaban ubicados en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, es decir, municipios que no tienen obligación legal de crear o mantener un centro de lectura, pero sí consideran la conveniencia de dar este servicio a sus ciudadanos. La mayor parte de esos centros, 1.406 (dos tercios), han sido creados con posterioridad al año 1980. En sentido contrario cabe recordar que hay todavía cierto número de poblaciones de más de 5.000 habitantes, incluso entre ellas alguna capital de provincia, que carece de este servicio cultural básico.

La realidad plural y diversa del Estado español queda patente también en cómo se desarrolla de forma tan dispar una profesión antigua y moderna a la vez, que, por otra parte, siempre se ha encargado, entre sus cometidos profesionales, de buscar el máximo nivel de homologación y homogeneidad en su trabajo.

Parece necesario acometer rigurosas medidas tendentes a mejorar la situación de los bibliotecarios en las bibliotecas públicas, especialmente en las municipales, en tanto que reúnen, con mucho, la mayoría de los profesionales, que sirven a la mayor parte de los centros, en los que se concentra el mayor número de fondos bibliográficos y desde las que se atienden las necesidades de la población lectora y, más aun, que pueden ser un primer punto de referencia para la gran masa de población no lectora y potenciales lectores.

Téngase en cuenta que la relación de las distintas administraciones con las bibliotecas no es igual en todos los casos: la administración local recibe el encargo por ley, la administración autonómica asume las competencias porque así lo determinan ellas mismas en sus respectivos estatutos de autonomía, y la administración central se reserva fundamentalmente un papel de coordinación y tutela.

Igualmente, se habrá de tender al estricto cumplimiento de la legislación estatal y autonómica en materia de función pública, y en lo que concierne a la forma de acceso, los temarios a desarrollar, las pruebas a superar, así como la correcta ubicación de los profesionales en los cuerpos, grupos y escalas correctas, con sus niveles y complementos adecuados a la labor que realizan, los horarios especiales que normalmente deben cumplir y la titulación y cualificación profesional que han de poseer todo ello en aras de la más conveniente homogeneidad, como suele ocurrir con la gran mayoría de las carreras administrativas dondequiera que sea que se ejerzan.

Por otra parte, hay que propiciar el desarrollo reglamentario de las leyes sectoriales autonómicas y su correcta aplicación por parte de los municipios y las propias comunidades autónomas. La mayor parte de las leyes dejan para un posterior reglamento todo lo tocante al estatuto y régimen de los profesionales de las bibliotecas públicas pero, o bien estas leyes no han continuado con su preceptivo desarrollo en forma de reglamento o, al contrario, éste se ha redactado y publicado, continúa sin descender a las cosas que importan y, por tanto, no aclaran la situación. El cumplimiento de estos reglamentos  por parte de los ayuntamientos no siempre está en consonancia con los beneficios de las ayudas autonómicas en materia de bibliotecas: equipamiento, fondo fundacional, incremento bibliográfico anual, o asistencia técnica (que suelen ser las prestaciones más frecuentes cuando se producen). Si estar en un sistema significa algo y sirve de algo, debe ser a cambio de asumir ciertas condiciones. Aquí las cabeceras de los sistemas tienen mucho que decir, pero en esto, como en tantas otras cuestiones en la administración, si algo se ha de imponer es el diálogo entre las distintas administraciones: la central, la autonómica y las locales (provincial y municipal), pues todas tienen algo que aportar, por cuanto que todas tienen competencias en la gestión bibliotecaria.

Muy posiblemente, si muchas administraciones locales no cumplen fielmente las condiciones establecidas para pertenecer a los respectivos sistemas autonómicos puede deberse, por una parte, a que estas condiciones casi nunca fueron pactadas, sino impuestas, por otra administración, y, por otra, a que la hipotética pérdida de tales ayudas, dado lo exiguas e irregulares que suelen ser, en casi ningún caso habrían de suponer un grave quebranto para el desarrollo de esos centros bibliotecarios. Cuando las ayudas económicas o en especie son, más que significativas, esenciales, se convierten en el mejor impulso para el cumplimiento de las normas básicas que permitan la adscripción de los centros a esas redes o sistemas regionales.

Se pueden encontrar ejemplos, desgraciadamente no muy numerosos, de cómo una comunidad autónoma incentiva la incorporación plena de las bibliotecas municipales a sus sistemas; elaboración de verdaderos programas de formación y reciclado de los profesionales, o subvención finalista a los ayuntamientos para la contratación del personal técnico, o incluso la plena incorporación de las plantillas de las bibliotecas municipales en las del personal de la correspondiente autonomía.

Otras medidas no inciden directamente sobre la política de personal, pero también ayudan a homogeneizar los sistemas, tales como la dotación de licencias corporativas para la gestión informatizada de las bibliotecas municipales, la realización de verdaderas campañas de animación y promoción de la lectura, etcétera.

Se da el caso en la práctica totalidad de la geografía española que muchas bibliotecas están atendidas por un único profesional, y a éste se le requiere la titulación de graduado escolar, o, en los casos más afortunados, bachillerato o formación profesional. Se trata, por lo general, de centros autónomos, no adscritos a una red municipal (puesto que son los únicos de la localidad), que suelen recibir un asesoramiento técnico y una intervención mínima por parte de los centros coordinadores. ¿Verían bien los munícipes y los ciudadanos de esas poblaciones que, por ejemplo, sus centros de salud estuvieran atendidos por auxiliares de clínicas, por toda plantilla? Otra cosa bien distinta es que, generalmente, la titulación académica de los titulares de esos puestos sea mucho más elevada que la requerida, llegando frecuentemente a la licenciatura universitaria. Al margen de la cualificación académica y de la calificación laboral, en 1998, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 67,8 por ciento de las bibliotecas públicas municipales estaban atendidas por una sola persona.

Hablando de formación habrá que advertir que difícilmente los profesionales de estos centros, en su mayoría los bibliotecarios municipales, podrán plantearse en serio un programa de superación profesional si la oferta formativa es escasa, si la administración correspondiente no facilita su asistencia a cursos o su seguimiento no redunda en su estatus profesional.

Resultaría poco certero hablar de formación y no hacer referencia a un relativo divorcio entre la universidad y el mundo profesional. Desde luego que la universidad no está llamada a ser un centro de formación profesional, pero eso no es óbice para que la universidad no aporte ni en cantidad ni en calidad lo que la sociedad demanda; las administraciones continúan ofertando plazas de técnicos de administración especial en los grupos A, B o C, y a esas convocatorias pueden optar los titulados con el nivel académico afín, sea cual fuere su titulación y especialidad.

Para los grupos A y B, la mayoría de las universidades que han incorporado estudios de biblioteconomía lo han hecho integrándolos con la archivística y la documentación, con escasa orientación hacia las bibliotecas públicas y sin que hasta el momento existan estudios de posgrado específicos sobre esta materia.

Ya no es sólo cuestión de titulación. El bibliotecario de públicas precisa una formación específica en muchos campos. Gestionar una biblioteca es, por lo general, conocer la legislación sobre compras y suministros, sobre gestión de personal, sobre funcionamiento de la administración pública, pero también es conocer técnicas de animación sociocultural, de gestión cultural, de captación y fidelización de usuarios, de elaboración de alfabetización funcional y formación de usuarios, etcétera, sin olvidarnos de lo que habrían de ser verdaderas especialidades como la de bibliotecas escolares o de gestión del patrimonio bibliográfico.

Para el grupo C, de Auxiliares, aunque en algunas administraciones tiende a ser eliminado (nunca han sido los Auxiliares tan necesarios como lo son ahora), sin embargo se requiere una titulación de nivel de Formación Profesional de 2º Grado, que apareció como módulo experimental, y en pocos cursos ha desaparecido, dándose el caso contradictorio de que algunas convocatorias han comenzado a requerir esta titulación de Técnico Especialista en Bibliotecas cuando la misma desaparece del panorama educativo. Desde luego que los resultados académicos y profesionales de estos módulos no han sido tan nefastos como los de algunas otras titulaciones, incluso de superior rango que han subsistido.

Las autoridades responsables han de concienciarse de algo tan básico como que en todo centro bibliotecario de poblaciones de más de 5.000 habitantes, y en los de las poblaciones menores, pero que pretendan integrarse en el correspondiente sistema autonómico de bibliotecas, y a través de éste en el sistema estatal (pronto comenzaremos a hablar de sistema europeo), ha de estar atendido, al menos por un Bibliotecario Técnico Ayudante, y éste, auxiliado por un Técnico Auxiliar de Bibliotecas.

Solamente se podría aceptar que un centro (agencia de lectura o similar) estuviese atendido por un Técnico Auxiliar del grupo C, como único personal técnico cuando, primero, al auxiliar se le haya requerido cierta formación específica en Biblioteconomía, a ser posible proveniente de los ya mencionados módulos de FP II, y, cuando, por otra parte, el centro esté real, eficaz, efectiva y directamente tutelado, no sólo sobre el papel, por otro centro cercano y de rango superior: cabecera de municipio, comarca, provincia o región.

La vinculación del bibliotecario a otras áreas de gestión, cuando se produzca, ha de estar muy justificada. Desde las más tradicionales de Bibliotecario-Archivero o Museólogo, a las más novedosas de Informador Turístico, Agente de Desarrollo Comunitario, Animador Sociocultural, pasando por otras más rocambolescas como Alguacil-Bibliotecario, Limpiador-Bibliotecario, y una larguísima serie que podemos encontrar en las convocatorias oficiales de plazas y, sobre todo, en la realidad misma. Sin duda que el bibliotecario puede y en muchos casos debe ser gestor cultural, animador sociocultural, informador turístico, agente de desarrollo comunitario, responsable de publicaciones, etcétera. Pero todas esas cosas las ha de ser en el propio ámbito de la biblioteca, dotando la administración competente de medios y recursos a la biblioteca, sede de esas actividades, y asimilando de manera coherente las plazas del bibliotecario y las de sus colaboradores al mejor nivel y clasificación posible, consolidando plazas que no han de estar al albur de los deseos del responsable político y dimensionando los puestos de trabajo a la realidad de la comunidad a la que ha de atender.

En este sentido hay que analizar las figuras del bibliotecario “de plaza única” y el “multifunción” de manera muy distinta, según se trate de municipios de mayor o menor tamaño. No se puede dejar de considerar que en muchas localidades pequeñas la biblioteca pública constituye el único servicio cultural e incluso el único servicio no propiamente administrativo con que cuentan esos ayuntamientos. En esas condiciones parece lógica la tendencia a la integración, frente a la dispersión. Más allá, hay que pretender la máxima integración de las distintas políticas sociales y culturales. Organismos como las diputaciones provinciales o las federaciones de municipios están, parece, especialmente llamados a aportar modelos de gestión que cada municipio adaptará posteriormente a su realidad concreta.

Las bibliotecas están llamadas a ser una pieza clave en el desarrollo sociocultural del Estado y de sus ciudadanos, facilitando y propiciando el pleno ingreso en la sociedad de la información, pero esto sólo será posible si se cuenta con personal cualificado y clasificado convenientemente, arbitrando la formación continuada del personal, siendo capaz de integrarse, por qué no, en un sistema europeo de bibliotecas.

En definitiva, todos los estamentos implicados y las administraciones competentes conviene que realicen un serio esfuerzo para mejorar la calidad del personal que atiende las bibliotecas públicas, verdadera piedra de toque de la calidad y eficacia del servicio.

Agradecimientos

Han facilitado información para la elaboración de este estudio, y así se les agradece, las personas y asociaciones profesionales:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)

Rafael Ruiz Pérez

Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos (AABADOM)

Agustina Álvarez Jolbes

Col.legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya (COBDC)

Lourdes Reyes Camps

Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos de Extremadura (ABADMEX)

Francisco Javier Paule Rodríguez

Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólologos y Documentalistas (ANABAD-GALICIA)

Minia Martul

Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB)

Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) Madrid

María Luisa Fernández-Miranda

Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad-Murcia)

Rosario Martínez

Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi)

Juana Iturralde Sola

Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad-La Rioja)

José Luis Calvillo Salas

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